ESPECIAL LSSI en el SENADO

Aqui os ofrecemos una transcripción literal y de urgencia de las intervenciones en el día de hoy (4 de setiembre de 2001) en Senado de las intervenciones de Carlos Sánchez Almeida, Pedro Tur y Javier Maestre.

COMISIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

Sesión celebrada el martes, 4 de septiembre de 2001

Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Obra en poder de los portavoces el acta de la sesión anterior.
)Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.

COMPARECENCIAS:
DE CON CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA, ABOGADO EXPERTO EN INTERNET.

La señora PRESIDENTA: En primer lugar, quiero darles la bienvenida nuevamente a este período de sesiones. Espero que hayan disfrutado de las vacaciones, que vengan con mucha fuerza para seguir trabajando, como lo vienen haciendo a lo largo del curso político en esta Comisión.
Sin más dilación, vamos a pasar al orden del día, que es la comparecencia, en primer lugar, de don Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en Internet.
Tiene la palabra, señor Almeida, y esperamos sus aportaciones para los trabajos que tiene encomendada esta Comisión.

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Abogado experto en Internet): Gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señorías. Es para mí un honor hablar ante esta Comisión en nombre de Kriptópolis, que es la comunidad virtual a la que represento. Se me ha presentado como abogado experto en Internet, pero debo decir que no soy experto en nada. Pertenezco a Kriptópolis, que si en algo es experta es en meterse en líos en líos -desde el año 1996, en que tenemos presencia en Internet, no hemos parado de meternos en líos-. El último lío que hemos protagonizado fue una campaña, que empezamos coincidiendo en el mes de mayo -por otra parte el histórico mes de revueltas, tanto en España como en otros países-, escogiendo los días 7, 8 y 9 de mayo -después explicaré por que-, decidimos iniciar una campaña en contra del anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que en ese momento estaba en fase de consulta pública, gracias a la gran idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología -porque en el momento en que se presenta por primera vez en público a través de Internet un proyecto de ley hay que reconocer que ha levantado polémica, y esperemos que en lo sucesivo todos los proyectos de ley que se presenten tengan una polémica como ésta-. En cualquier caso, el anteproyecto de ley va a ser analizado con profundidad tanto por los Letrados don Pedro Tur como don Luis Maestre y, por lo tanto, únicamente voy a hablar, desde mi punto de vista, de la idea de regulación de la sociedad de la información sin entrar en tecnicismos jurídicos, simplemente a nivel filosófico, sobre los principios que entiendo deberían regir a la hora de regular la sociedad de la información.
Lo primero que tengo que decir -y lamento con ello cuestionar los trabajos de esta Comisión-, es que el concepto de sociedad de la información, desde mi punto de vista, es un concepto absolutamente erróneo. )Por qué? Porque solamente hay una sociedad, que es en la que estamos. Y la sociedad de la información pertenece a esa sociedad, y los principios jurídicos que han de regir en la sociedad de la información son los mismos que han de regir en la sociedad real. Lo que tiene que regir en Internet en la sociedad de la información es la Constitución y la declaración universal de derechos humanos.
Esta es la idea de la campaña, porque consideramos que el anteproyecto de ley que se presenta es un proyecto excepcional, que convierte a Internet en un gueto y, en consecuencia, convierte la excepción en norma y, desde nuestro punto de vista, en la Constitución está muy claro en qué casos se puede decretar el estado de alarma, excepción y sitio. Lo que tiene que regir siempre como principio, sobre todo cuando hablamos de sociedad de la información, es una sociedad de libertad, que es lo que rige el artículo 20 de la Constitución.
Ello porque censurar Internet es muy peligroso. Hay un artículo publicado por el que fuera presidente de Fronteras Electrónicas, don David Casa Cuberta, en el que explica el llamado efecto )yilmor?, que son las consecuencias que tiene intentar censurar una información en Internet. Cuando se intenta censurar una información en Internet la consecuencia inmediata es que la red responde como un cuerpo vivo y va replicando el documento censurado en todas partes, con lo cual ese documento se hace mucho más conocido. Lo que ha sucedido con la campaña de LSS=> ha sido eso, a partir del momento en que se ha hablado de censura el efecto catarata ha sido espectacular.
Voy a hablarles un poquito, en la medida en que el tiempo me lo permita, de lo que ha sido la lucha por las libertades civiles en Internet, y más en la sociedad digital, porque muchas veces al hablar de Internet se hace toda la historia, pero hay un año que es fundamental, que es 1994, momento en que Internet llega al gran público. Hasta ese momento Internet se ha ceñido al ámbito universitario, militar, gubernamental de Estados Unidos pero no llega al gran público hasta que se decide ponerlo a disposición de las empresas en el año 1994. Sin embargo, antes del año 1994 ya existían unas comunidades virtuales muy vivas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que eran las BBS. Eran círculos muy reducidos, donde ya había publicaciones electrónicas, y en estos círculos se dieron los primeros combates entre los libertarios civiles y las fuerzas de seguridad, las fuerzas de la ley en Estados Unidos, y se produjo concretamente lo que se vino a denominar la caza de hacker, que empieza exactamente los días 7, 8 y 9 de mayo de 1990, exactamente once años antes de que empiece la campaña del SSL?
Esa caza del hacker se dirige contra una publicación electrónica de nombre Frac=>, el servicio secreto de Estados Unidos decide incautar 150 computadoras, se cierran 25 BBS, que se conocen con el nombre en clave de Operación diablo del sol.
La operación estaba pensada como un aparato de imagen del FBI y de los fiscales especializados en delitos informáticos de los Estados Unidos y se saldó con un rotundo fracaso, hasta el punto que después de haber pedido treinta años de cárcel para el editor de la publicación, el propio fiscal tuvo que acabar pidiendo el archivo del asunto, uno de los fiscales que más había hablado en contra de los hackers acabó siendo despedido y la Electronic Frontier Fundation?? demandó al FBI precisamente por vulnerar la primera enmienda. Asimismo, un Senador del Partido Demócrata dijo textualmente que no podemos pararle los pies excesivamente a un curioso chico de trece años porque gracias a lo que experimente hoy, puede desarrollar en el futuro la tecnología informática de telecomunicaciones que lleve a Estados Unidos al siglo XXI; representa nuestro futuro y nuestra mayor esperanza para seguir siendo una nación tecnológicamente competitiva. Esto es lo que dijo un Senador del Partido Demócrata en los Estados Unidos.
Hay unas consecuencias adicionales a esta caza de hackers, que no es tan importante en sí misma como la persecución de la libertad de expresión. La consecuencia accesoria es que los grupos de defensa de derechos civiles se organizan a partir de ese momento, se forma la Electronic Frontier Fundation y cuando el Gobierno Clinton, en el año 1996, intenta aprobar la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, estos grupos están ya tan consolidados que deciden organizar una campaña, no ya a nivel nacional sino a nivel internacional, de protesta contra esa Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, en la cual había una lista de palabras prohibidas. Se ha dicho muchas veces -el primero que lo dijo en el Senado fue precisamente David Casacuberta??, hablando en nombre de Fronteras Electrónicas- que, por ejemplo, la palabra pechos se hubiese declarado ilegal tanto en un texto erótico como en un texto médico sobre el cáncer de mama.
Se organizó una campaña mundial que se denominó Campaña Global por la Libertad en Internet, GILC -que es una organización mundial a la que, en este momento, está adscrita Kriptópolis-, que agrupa a todas las agrupaciones de ciberderechos del mundo, pero simultáneamente a ello la Unión Americana de Libertades Civiles presenta una demanda contra la Fiscal General de los Estados Unidos ante un Tribunal de Pensilvania en contra de esta ley. El fallo de la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania puede ponerse al nivel de las grandes declaraciones de derechos del hombre porque lo que dice es algo que tendrían que tener en cuenta todos los legisladores a la hora de intentar regular Internet; textualmente: dejando aparte las siglas y el argot que han sembrado la vista, Internet puede muy bien ser descrita como una conversación universal, sin fin. El Gobierno no puede, a través de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, interrumpir esa conversación. Como la forma participativa de expresión de masas más desarrollada jamás conocida, Internet merece la más estricta protección frente a la intrusión gubernamental. Es cierto que muchos encuentran algunas de las expresiones o manifestaciones en Internet ofensivas y es cierto también que en medio del estruendo del ciberespacio muchos oyen voces que consideran indecentes. La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de caos, pero como uno de los expertos propuestos por los demandantes indicó en el curso de la vista, lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos; como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de expresión sin trabas que protege la primera enmienda.
El Gobierno americano aprendió la lección y, a partir de ese momento, lo que hizo para combatir la delincuencia en Internet fue dotar de medios a los fiscales, dotar de medios al FBI, dotar de medios a los cuerpos especializados en la persecución del cibercrimen y, en este momento, estos cuerpos son los mejores del mundo con diferencia. Existen leyes que permiten la intervención de comunicaciones en según qué condiciones autorizadas por el juez y, realmente, estos cuerpos están funcionando.
Lo que yo siempre quiero preguntar es dónde está en este momento Estados Unidos en lo que se refiere al desarrollo de Internet y dónde queremos que esté España en los próximos diez años porque lo que tenemos que pensar es que si la España del siglo XXI, esa España basada en las nuevas tecnologías se ha de basar en Internet, si ese ha de ser uno de los cimientos de esa España, primero tenemos que edificar un cimiento sólido y hoy tengo el honor de hablar para ustedes, precisamente en el lugar donde se puso la primera piedra de ese edificio, porque la primera piedra de ese edificio en España precisamente la puso el Senado con la Declaración de Derechos de Internet en las conclusiones de la Comisión Especial sobre Redes Informáticas. En esa Declaración, exactamente en la conclusión segunda, se establece textualmente: la libertad es una condición inherente a la red, que no podrá ser restringida por ningún poder público o privado. La libertad debe ser total en cuanto al acceso, la circulación, la información y la comunicación; las únicas limitaciones posibles son aquellas que vengan delimitadas por la Carta Universal de Derechos Humanos. Ésta ha de ser la norma, todo lo demás debe ser excepción.
La LSSI?? -y por esto el escándalo de Kriptópolis-, lo establece al revés, establece las excepciones como norma y solamente se establecen excepciones a la responsabilidad en segundos apartados de segundos artículos, cuando se tendría que poner al principio de todo.
Otra de las conclusiones de la Comisión Especial sobre Redes Informáticas se refiere a la necesidad de incrementar las dotaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la necesidad de crear una Fiscalía Especial de Delitos Informáticos, que es algo que todavía no se ha hecho. Me consta, por mi trabajo -y llevamos varios años así-, que desde el año 1996 las denuncias en los buzones virtuales tanto del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, como de las Policías Autonómicas no paran de crecer y las dotaciones no crecen; en estos momentos, las Fuerzas de Seguridad están desbordadas con lo que se les viene encima y el cibercrimen no va a parar de crecer. Además, tienen que escoger prioridades y nos estamos encontrando con el hecho de que hay delitos, como por ejemplo el delito de injurias, que ya no se pueden perseguir porque tienen que dedicarse a cuestiones más importantes como las estafas o la pornografía infantil. Tenemos que empezar a pensar que antes de regular Internet tenemos que aplicar el Código Penal, dotando de medios a aquellos agentes que tienen que aplicarlo. Desde luego, hay otro problema que ya pusieron aquí de manifiesto los Comisarios que dirigen las investigaciones y es el de la distribución territorial de nuestra Administración de Justicia, lo que dificulta notablemente la persecución de delitos a través de Internet. En ese sentido, un delito que se comete en La Coruña puede haber sido cometido por una persona de Sevilla y tiene que intervenir un juez de Barcelona porque es allí donde se ha puesto la denuncia. Todos, sistemáticamente, se quitan el asunto de encima mientras que si hubiese una fiscalía de delitos informáticos que dirigiese esa investigación, el tema podría cambiar.
He dicho al principio de mi intervención que el concepto mismo de sociedad de la información es erróneo porque sólo hay una sociedad, una sociedad que queremos que sea democrática, en la que rijan los principios de libertad y seguridad; una sociedad que se base en la Constitución que tenemos desde el año 1978 y en pocos discursos de responsables políticos se ha definido tan bien esa sociedad ideal que queremos buscar como en una cita que les voy a leer textualmente y que, al final, les diré de quién es: Los países que más han progresado, los que más han avanzado hacia la prosperidad de sus ciudadanos han sido los países más abiertos y son los países más abiertos; abiertos a nuevas ideas, a nuevas corrientes, abiertos a evoluciones en su sociedad, abiertos a la expansión de las libertades, abiertos en sus economías y en sus mercados. La sociedad de la información es sobre todo un impulso a la libertad. Estamos comprometidos en la defensa de las libertades de todos, la libertad para emitir su opinión y para recibir la que otros puedan generar. Nada bueno le ha sucedido nunca a ninguna sociedad cuando ha pretendido aislarse o encerrarse en un localismo empobrecedor.
Dicen que los hackers se infiltran en todas partes y uno empieza a pensar que incluso se infiltran en el equipo de redacción de los discursos políticos, y digo esto porque las palabras que les he leído las pronunció el Presidente del Gobierno, el señor Aznar, en la presentación del Plan de Acción Info XXI, en Vitoria, exactamente el día 24 de enero del año 2001.
Tengo que decir que Kriptópolis comparte al cien por ciento estas palabras. Queremos una sociedad libre porque pensamos que una sociedad libre será una sociedad próspera. En este contexto, hay que hablar mucho del comercio electrónico y solamente va a haber comercio electrónico cuando haya libertad porque la base de cualquier sociedad ha de ser la libertad.
Resumiendo mucho los puntos básicos de la campaña que hemos iniciado, he de decir que estamos en contra del actual anteproyecto de ley porque se establecen prerrogativas para el poder administrativo que solamente deben ser competencia del Poder Judicial; solamente el Poder Judicial, en base al artículo 20 de la Constitución, puede secuestrar publicaciones y así ha de ser, tanto fuera como dentro de Internet. Dentro de Internet no se puede establecer un gueto, no se puede establecer una sociedad de excepción.
Al margen de las dudas y de las discusiones jurídicas que se van a producir sobre si la ley es inconstitucional o no lo es, lo que quiero es que cada uno de ustedes se intente poner en la piel de un proveedor de servicios de Internet, que ofrece alojamiento a múltiples personas, y que en el momento en que alguien le genere un conflicto lo que va a hacer es autocensurarse. Una ley como ésta, por la que le puede caer una multa de hasta cien millones de pesetas, va a provocar la autocensura.
En caso de dificultades, lo que va a hacer es borrar la página directamente, sin consultar a nadie; y éste es el gran problema: no tanto que se extralimite un funcionario público, que se extralimite un funcionario administrativo, que no podría hacerlo porque, por otra parte, sería delito, sino que los operadores de la sociedad de la información decidan autocensurarse. Esto es terrible para el desarrollo de la sociedad de la información en España, y es tan terrible que puede provocar el exilio, la emigración de muchos proveedores de Internet, de la misma forma que hemos empezado a exiliarnos para dar ejemplo. Como acto supremo de protesta, Kriptópolis ha decidido la emigración virtual; hemos decidido este verano el exilio virtual y hemos cogido nuestro servidor y nos hemos ido a Estados Unidos, y vamos a estar en Estados Unidos en tanto en cuanto la ley esté en estos términos; vamos a seguir así, y vamos a seguir hablando para nuestros 42.000 suscriptores, porque consideramos que es prioritaria la defensa de la libertad, incluso en el supuesto de que ello conlleve nuestra extinción. Vamos a ser coherentes hasta el final con lo que pensamos, porque no sólo entendemos que se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión, sino que se está vulnerando el derecho a la igualdad, porque no se pueden establecer condiciones distintas para las empresas que operan en Internet de las que operan fuera de Internet, y muy especialmente para las empresas periodísticas, porque si yo tengo el derecho de repartir octavillas en el metro, en protesta, sin necesidad de dar explicaciones a nadie, sin necesidad de ponerme en ningún registro público; si yo puedo actuar como actuábamos hace 25 ó 30 años, con la vietnamita o con la fotocopiadora, para emitir determinada publicidad política, esa publicidad política la quiero seguir haciendo a través de Internet, y sin ningún tipo de restricciones. Porque poner restricciones es convertir a Internet en un estado de excepción, y eso es peligrosísimo y tiene efectos devastadores para la propia Constitución.
Pensemos cuál es el papel que reserva la Constitución a los partidos políticos y a los sindicatos, en sus artículos 6 y 7, y pensemos qué está pasando en estos momentos en Internet, que es algo que se tiene que tener muy en cuenta por los representantes públicos. Lo que está pasando en Internet es que las organizaciones no gubernamentales están cogiendo el papel de los partidos políticos y de los sindicatos en Internet, y eso está pasando a diario; y los partidos políticos, mientra no se conciencien de que esa sociedad de la información ha de ser tan libre como en la que vivimos, no van a tomar su papel, y estamos en unos momentos muy delicados, en plena globalización. Los partidos políticos han de ser conscientes del papel que han de desarrollar, y establecer una sociedad de excepción no puede ser el mejor principio.
No voy a alargarme más; he consumido ya veinte minutos, y sólo voy a insistir en una cosa: creo que en un mundo global no se puede controlar la información. Tenemos que entender de una vez que lo que no se publique en España se va a publicar en Estados Unidos; que han de ser precisamente los actuales poderes públicos, basados en el Estado, los que se comprometan en la defensa de las libertades; va a ser muy importante apoyarse en la red en lo sucesivo porque cada vez las presiones de los grandes poderes, de los lobbies mediáticos que están en manos de las grandes corporaciones van a ser mayores, y tenemos que pensar que Internet es uno de los pocos sitios donde la información es realmente libre. Las campañas electorales se van a desarrollar a partir de ahora en Internet cada vez más; hay que ser conscientes de eso, y sobre todo a nivel parlamentario.
Simplemente quería acabar con una referencia a las heridas que la lucha por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información ha causado en la comunidad internauta; creo que no se debe ahondar en estas heridas; lo que se tiene que hacer es ser consciente de que hay que establecer unos cimientos sólidos para esa sociedad de la información que, repito, es una sociedad que está dentro de la otra, y simplemente insistiré en una cosa: muchas veces se ha tildado a Kriptópolis de revolucionarios y tengo que desengañarles; somos muy poco revolucionarios, somos muy conservadores; lo único que queremos es conservar los derechos fundamentales que tanto ha costado conseguir y que todavía está costando conseguir, porque quizá lo más revolucionario hoy en día -y es triste decirlo- es luchar para que la Constitución sea cada vez más efectiva y se aplique cada vez más, y quizá la verdadera utopía está en conseguir la aplicación universal de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez Almeida.
Quisiera pedirle excusas por haberle presentado como abogado experto en Internet, y no como miembro de Criptópolis. Dentro del currículum que yo tenía, que sé que es muy amplio el que usted tiene, no tenía lo de Kriptópolis, aunque sí sabía que pertenecía a ella. Por tanto, le brindo mis excusas.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Sánchez Almeida, porque es difícil preguntar a un compareciente que comparte muchos de los principios que ha enumerado, no solamente con el Grupo Parlamentario Socialista, porque, como muy bien ha dicho, en esta Cámara precisamente se aprobaron 14 conclusiones, y la número 2 es una exaltación de la libertad en la red. En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que ésa es la dirección que ha de adoptar la ley, aunque tampoco descuidamos el tema de la seguridad; hablamos precisamente de dotar de medios, de crear la fiscalía; es decir, seguridad y libertad no sólo no están reñidas, sino que van unidas normalmente. No hay libertad sin seguridad. Pero no se puede poner en peligro la libertad apelando a la seguridad.
Me gustaría que nos aportara un poco de luz -si es que tiene algún dato-, ya que Kriptópolis también se dedica a temas de seguridad. Desde su punto de vista, )cuántas personas cree que se están dedicando a la seguridad en España, en Internet, y cómo se debería resolver esto? Algunas veces me ha comentado usted algunas cifras y son verdaderamente escalofriantes; tenemos delitos que ya están tipificados en el Código Penal y estamos observando que no se pueden perseguir porque faltan medios; entonces, para qué hacer una ley que restrinja la libertad si no somos capaces de gestionar siquiera lo que ya tenemos regulado.
Comparto totalmente lo que usted dice, en el sentido de que en una red global es muy difícil limitar la libertad, pero también es verdad que aquellos países que profundicen en este camino pueden perder posiciones, de alguna manera, con relación a otros países.
Le quería preguntar si es posible, a nivel técnico, la censura en una red global, en un mundo global, porque la red, como usted muy bien ha dicho, pertenece al mundo; no es algo inventado, sino que es parte de la realidad; es la realidad misma.
También quisiera preguntarle si usted cree que esta ley, tal y como está redactada en estos momentos, va a desarrollar o va a paralizar, teniendo en cuenta que el desarrollo de la sociedad de la información es dinámico, no es una foto fija, porque los demás países también avanzan. Por ello quisiera conocer su opinión sobre si esta ley va a permitir dotar a España de más instrumentos para que la sociedad de la información se desarrolle más y mejor, y que nuestro comercio sea más competitivo, que podamos estar a la vanguardia de los países, no como ahora, que estamos prácticamente los penúltimos de Europa, y cuál es su valoración sobre todo ello. Por ejemplo, tengo datos respecto a que el comercio electrónico moverá 550.000 millones de dólares el próximo año, por lo que es importante, y además supone un 44 por ciento de crecimiento en América Latina. En consecuencia, el idioma castellano es también uno de nuestros recursos en la red, y desde nuestro punto de vista está poco explotado, por lo que quisiéramos saber si esta ley va a aprovechar estas potencialidades de España para desarrollar más la sociedad de la información.
Me gustaría decirle que menos mal que se meten en estos líos; es bueno que la sociedad sea dinámica, sea viva, y el foro del Senado ha sido precisamente receptor de muchas opiniones de los internautas, de las quejas sobre la ley, y han demostrado también que se leen algunos textos del Senado, reclamando igualmente nuestra opinión. En este lío en el que se han metido hemos estado muchos, y muchos internautas también han dejado su opinión en el foro del Senado.
También me gustaría preguntarle sobre la autocensura. Usted que comparte la responsabilidad en Kriptópolis, en un portal que distribuye información, cómo cree que puede incidir en la sociedad española todo este tema, porque los portales más pequeños, las web que no tengan grandes recursos o bufetes de abogados para poder defenderse es cierto que, desde nuestro punto de vista, como usted señalaba, se pueden autocensurar, con lo cual estaría limitando de manera previa su libertad, y de forma grave.
Compartimos totalmente que la sociedad española es madura, no es una sociedad en la que haya que establecer una ley de excepción, ese no es un buen camino, y está claro -lo comparto plenamente, casi más que una pregunta sería una reflexión en voz alta- que en una sociedad global ante los delitos lo que hace falta son los medios para perseguirlos, porque, como decía anteriormente, seguridad y libertad no solamente no están reñidas, sino que van unidas.
Nada más y muchas gracias en nombre del Grupo Socialista por su comparecencia y por el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de este tiempo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lavilla.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Delgado.

La señora DELGADO GARCÍA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Sánchez Almeida, por su exposición.
La verdad es que cuando le estaba oyendo hablar por un momento he dudado de si el texto al que usted estaba haciendo mención era el mismo que he leído yo, porque, sinceramente, no se ajustan en nada. Difícilmente puedo preguntar cuando me da la sensación de que usted se está refiriendo a otro tipo de cosas diferentes de lo que es realmente el anteproyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, pero sí quiero puntualizar algunos aspectos y quizá a partir de esas puntualizaciones surjan algunas preguntas y podamos entrar en un diálogo cuando usted nos conteste.
Habla usted de que la sociedad de la información es igual que la sociedad en la que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, no vamos a entrar a comentar el nombre de los conceptos porque muchas veces son arbitrarios y no tienen más importancia, pero es cierto que si la sociedad de la información ha de ser exactamente igual que la sociedad en la que estamos viviendo nosotros hay que tener en cuenta que por muy democráticos que seamos somos un Estado de Derecho y tenemos una libertad, pero una libertad marcada por una legislación. Es cierto que usted tiene toda la libertad del mundo, pero hay que tener presente aquello de que la libertad de usted termina donde empieza la mía, y esa barrera que hay entre donde está su libertad y donde empieza la mía es sutil pero en un Estado de Derecho la establece una constitución; en esas reglas es donde nos movemos todos y ahí no echamos a faltar la libertad porque esa libertad precisamente la tenemos garantizada con una legislación que es la que defiende a los ciudadanos. Por lo tanto, si eso nos ocurre en esta sociedad de a pie, donde todos los mortales nos vamos moviendo, tendrá que ser lo mismo en esa sociedad virtual, y usted mismo reconoce que ha de ser igual una que la otra.
En un primer momento podríamos pensar que hay una lectura deformada del texto por su parte, cosa que no creo porque le han presentado como experto -aunque usted de una manera muy elegante ha dicho que no lo era, pero nosotros reconocemos que es usted experto en la materia- y por lo tanto entendemos que la lectura no haya sido deformada, pero entonces, sinceramente, no entiendo su discurso. Este anteproyecto de ley de los servicios de la sociedad de la información tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, y esa Directiva precisamente se titula así: determinar aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Es decir, que es la propia Directiva la que contempla que tengamos que incorporar no sólo comercio puro, dicho de una manera escueta, sino también servicios de la sociedad de la información, luego no es el anteproyecto el que se lo inventa, sino que es la propia Directiva la que lo marca. Según sus argumentos, )qué hacemos, nos salimos de la Unión Europea? Porque si la Directiva de la Unión Europea compromete a los Estados miembros y dice que se regulen estos aspectos jurídicos, al estar en la Unión Europea tendremos que trasladar a nuestro ordenamiento jurídico esa Directiva o de lo contrario tendríamos que salirnos de la Unión. Yo no sé si lo que usted ha pretendido insinuar en ese discurso tan libertario al referirse a ese caos o a esa libertad es que ni siquiera estuviéramos en la Unión, pero creo que no es así. En estos momentos tampoco somos los primeros, por ejemplo Luxemburgo ya ha sacado la suya, y los distintos Estados van a ir haciendo lo propio porque además tenemos los tiempos tasados para que cada país la tenga incorporada.
Una vez entendido que tenemos que incorporar esa Directiva, el Ministerio de Ciencia y Tecnología -que en este caso es el responsable directo de incorporar la Directiva y usted lo ha reconocido- lo ha hecho con un mecanismo, una metodología, un procedimiento totalmente transparente y además participativo, porque es verdad que es la primera vez que se cuelga un texto en la página de Internet y se deja abierto para que cada uno de los colectivos y ciudadanos puedan hacer llegar lo que piensan sobre el texto y sus conclusiones. De hecho tengo unos datos -tampoco sé si son matemáticamente exactos- que reflejan que ha habido más de 50 organizaciones y asociaciones, instituciones públicas y privadas, que han accedido al texto y que ha habido más o menos unas 600 observaciones. El texto se ha ido enriqueciendo y la prueba está en que llevamos tres documentos -el de septiembre del año pasado, el de enero y el del 30 de abril-, y al mismo tiempo me consta que se han mantenido reuniones con representantes de asociaciones y colectivos. Además el texto tiene que pasar ahora unos controles: el de la Comisión Europea en Bruselas, que tiene que notificar el texto, tendrá que pasar el control del Consejo General del Poder Judicial, luego tendrá que pasar el control del Consejo de Estado... Es decir, que no es que en una noche de pesadilla calenturienta alguien se sienta en el Ministerio y escribe un texto para fastidiar a todos los que participan en Internet, sino que es un texto abierto, obedece a una Directiva, se somete a la opinión pública, se recogen conclusiones, se hacen reuniones, se modifica el texto tantas veces como ha sido necesario, todo ello con el fin de que recoja de alguna manera el sentir general, con lo cual hasta ahí tampoco vemos ningún problema en una sociedad democrática.
Hay otro punto que me ha desconcertado, y es cuando usted ha hablado de la ley de decencia y el caso de Pensilvania -que conocemos-, porque cuando yo he leído el anteproyecto a mí me ha quedado muy claro. El texto dice taxativamente en varios sitios e incluso al final ya, cuando se recoge el anexo de vocabulario para dejar claros algunos conceptos, como por ejemplo para diferenciar los servicios de un tipo o de otro, etcétera, que este anteproyecto de ley se ciñe a aquellos servicios que desarrollan una actividad económica, es decir, en la medida en que represente una actividad económica para el prestador de servicios. Esto es clarísimo, con lo cual en ningún momento se plantea si hay censura, o un gueto, o si en una conversación telefónica uno dice una palabra a ver qué va a pasar; eso no se contempla para nada puesto que aquí estamos hablando de actividad económica, y voy a aprovechar esta ocasión para aclarar algo que, por lo que he podido comprobar al leer algunas páginas web y opiniones vertidas en Internet, a veces se confunde.
Cuando una página web es de carácter gratuito se dice: No es así porque si es de carácter gratuito también le aplican la ley. Aprovecho para dejar claro que se refiere a que represente actividades económicas. Es cierto que el carácter gratuito de un servicio no determina por sí mismo que no esté sujeto a la ley, porque hay multitud de servicios gratuitos que aparecen en la Red pero que representan actividades económicas para su prestador; por ejemplo, hay páginas que lo que ofrecen es gratuito pero hay publicidad, o al mismo tiempo sirve para un ingreso de patrocinadores, o va a recibir personas que se incorporan o van a recabar sus servicios, es decir, que a través de esa página web la persona que la ha puesto va a recibir unos beneficios. Con lo cual eso del carácter gratuito hay que entenderlo y profundizar para ver hasta dónde es una simple página en la que por hobby quiero colgar la clasificación de los insectos, o si estoy pensando que a través de este medio me van a llamar y voy a tener un cierto beneficio, o aprovecho para financiarla con publicidad de algún producto, porque entonces detrás hay ya una actividad económica.
Leído detenidamente, el texto se remite única y exclusivamente a cuando hay un beneficio económico en esa actividad. Si la página web es personal -como le he dicho hace un momento- y no se utiliza con fin económico para realizar actividades comerciales no está sujeta a esta ley. Por lo tanto, podríamos hablar hoy en esta sesión de la ley de la decencia y opinar sobre ello, pero yo creo que no es este el motivo de la comparecencia ni el tiempo.
Usted dice que la ley en Internet ha de ser el caos. Mire usted, hasta hace unos años -como usted también ha dicho- Internet tenía otro tipo de connotación. Era un grupo de gente que conocía este mundo, que participaba en él, que se movía no digo entre la élite, pero sí entre un grupo mucho más significativo.
En estos momentos la incorporación que va teniendo Internet en la vida de los ciudadanos se está convirtiendo ya en una herramienta casi de uso cotidiano, como el teléfono, de tal manera que cualquier ciudadano que no entienda mucho de Internet ni navegue muchísimas horas va a ver en Internet una herramienta con la cual puede alquilar su casa, organizar sus vacaciones o hacer una compra. Cuando ese usuario entra en Internet no puede hacerlo en un mundo oscuro o caótico o en un mundo donde el canto libertario es muy romántico y muy bonito. Mire usted, verdaderamente en nuestra historia de España a finales del siglo XIX se desarrolla un movimiento de romanticismo que se parece bastante al canto libertario del que usted me hablaba.
Usted sabe muy bien que tenemos en la literatura a Espronceda con una gran cantidad de poemas donde defiende el canto de esa libertad que usted hace un momento citaba . Pero ese mundo oscuro sin legislación invita a que el ciudadano normal y corriente busque una solución a su problema comercial y económico. No quiero apartarme de ese tema porque es el que contempla el anteproyecto. Salirme de ahí sería hablar de otras cosas y no es lo que procede hoy. Lo que se quiere es transparencia y saber verdaderamente con lo que se va a encontrar y que no le engañen.
No vamos a entrar en detalles porque, como usted muy bien ha dicho, para eso están otros comparecientes. Luego, si acaso, ya tocaremos el tema más a fondo. Vamos a hablar simplemente de legislar o no en Internet, pues lo que se quiere de antemano saber es cuándo se va a poder hacer un contrato como se tiene que hacer. Un señor quiere saber efectivamente si la persona que en esa página web aparece y a la que él le va a pedir que le organice sus vacaciones es quien dice ser o hay una suplantación de personalidad.
Piense usted en un centro comercial del que no voy a hacer publicidad, pero si lo nombrara seguro que todos sabemos a qué centro me refiero. Un centro en el que yo entro confiada pues es bueno y nunca me ha pasado nada y, por tanto, yo compro. La verdad es que el ciudadano quiere saber si es verdad que ese señor dice ser quien es. Cualquier ciudadano conoce las medidas de consumo que a veces te recomiendan cuando vas, por ejemplo, a comprar una casa, pues conviene que uno se asesore. Cualquier ciudadano que compra un piso lo que hace es ir al registro para ver si está libre de cargas o se va a encontrar con una hipoteca. De estas cosas nos aseguramos en la vida real los ciudadanos. El romanticismo es muy bonito, pero a la hora de jugar con el dinero la gente deja de ser romántica y quiere seguridad. Esa misma seguridad que busca el ciudadano cuando está moviéndose en el mundo físico y normal es la misma que le tenemos que proporcionar los estados democráticos cuando este señor entra en el mundo virtual. Repito que estoy hablando de actividades económicas. No estoy hablando de otro tipo de cosas. Luego se puede conversar y decir mucho más. El anteproyecto no dice nada de todo esto. No hay esa censura de la que usted habla porque no se refiere a esos temas. Difícilmente los puede censurar cuando se está hablando aquí simplemente de cuestiones comerciales.
Después de oírle a usted me da la sensación de que si al ciudadano le metemos en el mundo de Internet entra en un mundo que es un caos -como usted mismo ha dicho- y allí no hay leyes que regulen nada ni que protejan a nadie y uno no sabe ni adonde va. )Y sabe usted qué pasa al final? Que el que entra siempre se va a encontrar con tres o cuatro que se lo saben todo, que son los que le van a ofrecer ayuda para guiarle, para orientarle, cobrándole, por supuesto, y que en un momento dado si le pasa algo o le estafan, cobrándole también, le van a defender.
Como puede comprender nuestra obligación, como representantes y como Cámara legislativa, es la de asegurar al ciudadano. Yo antes que eso tan sumamente especial y exótico, como sería ese mundo - y repito que estoy hablando de actividades comerciales y económicas y no de otra cosa- prefiero que en un Estado democrático sea el que administre la legislación y de forma gratuita le ofrezcamos al ciudadano un marco normativo donde antes de entrar sabe ya qué puede hacer para que no le estafen y en el supuesto de que tenga la desgracia de que le ocurra alguna pequeña o gran estafa, que le podría ocurrir, que tiene, también de forma gratuita, un marco legislativo donde puede acogerse.
Me gusta más esa línea que la otra que no deja de ser un tanto aventurera, pero no precisamente para que el ciudadano se juegue su dinero.
Ha hablado usted también en algún momento sobre la libertad de expresión. He leído detenidamente ese punto y es cierto que si las páginas de Internet pueden albergar contenidos, informaciones u opiniones protegidas por el derecho a la libertad de expresión que proclama la Constitución, el anteproyecto de ley va indicando cada dos o tres puntos la salvaguarda sobre la protección a los derechos de la intimidad personal y familiar, sobre la protección de los datos personales y la libertad de expresión. Después que dice no sé cuantas cosas, viene, a continuación, en varios artículos esa salvaguarda. Es decir, la ley no autoriza a los órganos administrativos - en algún momento lo ha dejado usted caer - a cerrar una publicación o a retirar informaciones u opiniones disponibles en la red. Antes bien, al contrario, recuerda en varios de sus preceptos que sólo los órganos jurisdiccionales podrán ejecutar estas decisiones de acuerdo con lo previsto en la Constitución cuando pueda afectar al derecho fundamental de la libertad de expresión.
Por tanto, no se cierran los periódicos que están en soporte de papel. Es cierto también que nuestra prensa es muy consciente de que hay una Constitución que es la que protege los derechos de los españoles. Nuestros periódicos se mueven dentro de esa Constitución y, por tanto, no se cierra ningún periódico. Los periódicos que puedan emitir noticias en el mundo virtual tienen la Constitución por encima de ellos y , por eso, no se les va a cerrar ningún periódico. Lo dice precisamente para defender esa libertad de expresión.
La conclusión que he sacado al leer el texto es que el objetivo de esta ley es garantizar que se mantiene el mismo régimen de derechos y obligaciones para las empresas y prestadores de servicios que operen en los medios físicos que en Internet. Me parece normal. No me parece bien que en un centro comercial aquí en Madrid en el que se abren tiendas de repente se abra una farmacia que vende medicamentos sin receta médica, siendo que está prescrito por sanidad que se vendan con receta médica. Está clarísimo que las autoridades correspondientes tienen unas leyes sectoriales, no ésta, que les da la capacidad para poder intervenir y si es preciso mandar el cierre de esa farmacia que está incumpliendo la ley. Si eso ocurre en el mundo físico no tendría sentido que un medicamento se quisiera comprar sin receta. Yo no me voy a la farmacia de la esquina porque no me lo vende. Lo hace lógicamente basándose en la ley sectorial, la ley que corresponda a quien tenga que regir la venta de productos farmacéuticos, que ahí no se mete para nada este anteproyecto. El anteproyecto considera que las leyes sectoriales han de cumplirse como se tengan que cumplir. Pero yo me puedo ir a la red que allí hay patente de corso y me venden el medicamento.
Usted mismo lo ha dicho. No hagamos dos sociedades. Hagamos una sola. Lo que es ilegal en el mundo físico será ilegal en el mundo de Internet. En este caso concreto cuando hablamos de ilegalidad nos estamos refiriendo única y exclusivamente a actividades económicas y comerciales donde hay unos beneficios lucrativos por parte del que vende y un riesgo por parte del que compra.

La señora PRESIDENTA: Senadora Delgado, le ruego que vaya concluyendo.

La señora DELGADO GARCÍA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Termino. Un minutito sólo.
Está muy bien -como usted ha dicho- que se armen revoluciones. Es positivo. Es positivo que los debates se abran. Eso es muy bueno, me comprende usted, pero el discurso tremendista que nos ha hecho es inapropiado o al menos no procede a este anteproyecto. Yo no sé si puede tener cabida en otro contexto, pero el anteproyecto queda al margen del discurso que usted nos ha hecho. Esto es lo que a mí me ha parecido.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Delgado.
Para responder a los portavoces, tiene la palabra el señor Sánchez Almeida.

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Miembro de Kriptópolis)): Muchas gracias, señora Presidenta.
Empezaré por la Senadora Delgado dado que ha tocado muchos temas. Seguramente me dejaré alguno en el tintero porque los otros dos ponentes van a desarrollar en profundidad el tema de los aspectos legislativos.
Quiero referirme a lo que usted ha dicho que he dicho. Al principio de su intervención la señora Senadora ha comentado que quizá no hablábamos del mismo texto legislativo, que había una lectura deformada. Sinceramente, tengo que contestarle lo mismo, que quizá no hablamos de la misma intervención. Es decir, no he dicho lo que usted dice que he dicho y sobre todo en lo referente a revolución y caos. Si algo he dejado claro es que quiero una sociedad regulada para Internet, y bien regulada. Y no he hablado de romanticismo libertario, sino de realismo. Y no voy a citar ahora a Pérez Galdós. Sí voy a citar a un legislador del siglo pasado, de la misma época del Realismo, que es Manuel Alonso Martínez; un legislador que a la hora de desarrollar la sociedad del siglo XX dio una buena base, un buen cimiento jurídico a esa sociedad porque hemos tenido un Código Penal, un Código Civil , una Ley de Enjuiciamiento Civil, una Ley de Enjuiciamiento Criminal y un Código de Comercio que bien o mal han servido a la sociedad española durante un siglo.
Cuando hablamos de la sociedad de la información de lo que se trata precisamente es de desarrollar ese marco normativo; un marco normativo basado en la Constitución. Y éste es el gran problema, porque la Constitución en su artículo 20 dice que en materia de libertad de expresión sólo puede intervenir un poder que es el judicial. Y el problema es que la LSSI?? no dice eso. Dice otras muchas cosas y deja muchos flecos sueltos. Y quiero que cuando hablemos de información publicada en Internet -porque parece que sólo estamos hablando de productos y servicios- la única autoridad que pueda intervenir sea un juez; que la única que pueda secuestrar una publicación sea un juez.
Por tanto, el problema surge en el anexo de la Ley, que interpreta mal la directiva, porque el suministro de información por vía telemática no figura en el articulado, y no es obligatorio regular ni legislar sobre el suministro de información. El problema es que en el anexo de la ley se establece como actividad a priori económica, cuando dice que son servicios de la sociedad de la información, entre otros, las siguientes actividades económicas: el suministro de información por vía telemática,; el alojamiento de información, aplicaciones o servicios facilitados por el destinatario del servicio de alojamiento; el ofrecimiento de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos; la transmisión de información a través de una red de telecomunicaciones, etcétera. Todos son servicios de información. Y aquí solamente puede intervenir el poder judicial. Me da lo mismo que en la venta de lechugas a través de Internet intervenga la autoridad administrativa. Ahora, cuando se trata de opiniones, quiero que intervenga solamente un juez porque eso es lo que ocurre en el mundo real. Y cuando en la exposición de motivos del anteproyecto se nos dice que se acoge en la Ley un concepto amplio empiezo a temblar. Se refiere a un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio, como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red. )Adónde vamos pues? Éste es el gran problema de la Ley.
Ésta no es una ley de comercio electrónico, como podía haber sido desarrollando correctamente la directiva. No es una ley que regule la exclusión de responsabilidad de los proveedores de servicio, como podía haber sido igualmente desarrollando correctamente la directiva. No. Es una ley de bases muy amplia en la que se está reintentando regular absolutamente todo. Y éste es el gran problema porque al regular absolutamente todo también se incluye el suministro de información. Y es ahí donde una sociedad y otra son diferentes, porque en la vida real una cosa es vender productos y otra es opinar. Y cuando se trata de opinión, de publicar información, solamente puede intervenir el poder judicial.
Con respecto a la protección de consumidores también tengo que decir que hay leyes. Lo que quizá debería hacerse, incorporando la directiva, es regular todas aquellas leyes que se ven afectadas por ésta e ir a la Legislación e Consumidores, a la Ley General de Publicidad y tocar aquellas materias que haga falta, porque quizá de esta forma no se vulneraría el derecho de igualdad.
Sobre las actividades económicas he de decirles que para ello está la Legislación Tributaria . Si es que quizá no tiene medios para actuar a través de Internet hay que dárselos. )Es que la policía o los jueces no pueden intervenir a través de Internet? Por tanto, deben darles medios porque de eso se trata, de aplicar el Código Penal.
Cuando hablamos de libertades una cosa es la Constitución y otra es la constitución en negativo que es el Código Penal. Y en materia de libertad de prensa, de opinión, no hay intermedios. No hay sanciones administrativas por opinar. Simplemente se puede decir lo que no es delito. Y así es. Y por ello precisamente nos estamos planteando marcharnos a Estados Unidos a opinar. Precisamente por eso. Y precisamente por eso nos estamos planteando dejar de utilizar nombres y apellidos para opinar en Internet. Es quizá lo que va a ocurrir con la entrada en vigor de esta ley.
En cuanto a las 600 observaciones realizadas a la ley por las 50 organizaciones, he de decir que en esta cuestión no ha habido ninguna transparencia. Y quiero saber quién ha opinado sobre esta ley porque todavía no lo sé. En la página web del Ministerio no lo dice. Solamente figura el texto legal pero no se dice quién ha hecho las observaciones ni se refiere a las organizaciones. Tampoco se menciona el nombre de los catedráticos que están a favor de esta ley porque todavía no ha salido ninguno. Por algo será.
El Senador Lavilla me ha preguntado cuántas personas, cuantos medios existen para perseguir el delito informático y sería muy interesante que esta Comisión llamase a los agentes que realmente están día a día interviniendo en la persecución de conductas delictivas en la red porque se llevarán una sorpresa, sobre todo en lo referente a pornografía infantil, a estafas y a injurias porque en muchas ocasiones los agentes tienen que compatibilizar la persecución de diferentes delitos y en algunas áreas -no voy a decir cuáles- sólo hay cuatro personas para toda España, con todo lo que está ocurriendo que está apareciendo a diario en los medios de comunicación.
Pienso que deben ser los agentes quienes vengan a explicar las personas que deben dedicarse a la seguridad. Pero el gran negocio que existe -y con esto contesto también a la señora Senadora- es el de la seguridad informática, precisamente la seguridad privada. Desgraciadamente, cuando el Estado hace dejación de sus responsabilidades es cuando florecen los negocios de seguridad privada, y esto es lo que va a ocurrir en Internet porque si a mí no me ofrecen unos servicios tendré que poner un guardia de seguridad. Y, repito, es lo que está ocurriendo en Internet. Quizás antes de legislar mal y deprisa habría que plantearse ofrecer unos medios para que se apliquen las leyes que ya tenemos, lo que ahora no está ocurriendo, no se está aplicando el Código Penal, y eso es muy serio.
Respecto a América Latina, si entrara en vigor esta ley podría ocurrir que todo el negocio se vaya a dirigir a Miami directamente porque no le van a poner tantas cortapisas, con lo cual todo el negocio de Internet que se podría realizar gracias al empleo del idioma español seguramente se vaya a dirigir a empresas de Miami. Y lo peor es que quizá sean empresas con capital español las que se van a instalar allí precisamente para no estar sometidas a las normas de esta ley. Creo que la proveedora de contenidos de Terra ya se ha marchado a Miami. Uno empieza a pensar si tendrá algo que ver con la próxima aprobación de esta ley.
El señor Senador se ha referido a la posible autocensura y he de decirle que hay que ponerse en la piel de un proveedor de servicios de una pequeña empresa de Internet que puede tener alojados 2.000 clientes, que cobra una cantidad módica por ofrecer ese servicios, con una infraestructura pequeña y al que un buen día le llega una propuesta de sanción de una multa de 50 millones de pesetas. Tendrá que efectuar una gran inversión en abogados, en medios para defenderse, etcétera, además con la Espada de Damocles encima. Pues bien, este proveedor va a desplazar su negocio y se va a ir a Estados Unidos. Eso es lo que va a ocurrir. Éste es el gran drama de una economía global, de una sociedad global. Como pongamos estas pegas, además del recorte de libertades con el que nos vamos a encontrar, vamos a tener unas pérdidas económicas serias. Las empresas españolas van a tener serios problemas para desarrollarse en Internet. Yo quiero protección para los consumidores, que a nadie se le estafe, pero para eso hay que sentar unas bases sólidas. La primera de todas es que se pueda circular por las calles, seguridad. En cualquier barrio, en cualquier centro comercial debe haber policía y en este momento no hay. Lo primero es la seguridad. Después establezcamos normas sobre cómo tenemos que decorar, cuáles son las normas administrativas, cómo se debe abrir un negocio. Pero, insisto, lo primero es la seguridad. Es la base del comercio electrónico. Mientras no se de seguridad, no se ofrezca al consumidor una sensación de seguridad, nadie va a comprar en Internet y es lo primero que se ha de hacer. Después establezcamos las condiciones para indemnizar y pienso que no sería tan errado hacerlo dentro de la propia legislación de consumidores para que de esta forma todas las empresas sepan a qué atenerse. El gran problema de la LSSI es que es una ley especial para un mundo tan amplio como Internet; un mundo tan amplio como el real. Y quizás lo lógico sería hacerlo de acuerdo con la regulación normal, para todas las actividades de la sociedad. Vayamos a la Ley de Registro Mercantil, al Código de Comercio, a la Ley de Defensa de la Competencia, a la Legislación de Consumidores, etcétera, y aquellas cosas específicas que haya que cambiar las cambiamos. Eso sería lo lógico. Y desde luego empezando por ofrecer seguridad, lo que ahora no está ocurriendo.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Almeida.
)Algún señor Senador quiere intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Gracias.
Muy brevemente, quería hacer una pregunta al señor Sánchez Almeida.
Es importante que se opine desde fuera por otros expertos, por lo que me gustaría recabar su información sobre si a nivel internacional ha habido asociaciones, colectivos como de defensa de los derechos civiles, alguna revista especializada que se hayan posicionado valorando la ley española y quisiera conocer cuál es su opinión.
Y también me gustaría preguntarle respecto a un artículo que casualmente tengo sobre la mesa, que fue publicado en Ciberpaís, en su número 13, firmado por una experta en nuevas tecnologías y Derecho, Paloma Llaneza, en el que, a la pregunta sobre si es cierto que la LSSI va a acabar con la libertad de expresión en la Internet española, esta periodista concluye, desde su punto de vista, razonándolo jurídicamente, diciendo que sí. Quería saber si ha leído este artículo.
Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lavilla.
Tiene la palabra la Senadora Delgado.

La señora DELGADO GARCÍA: Gracias, señora Presidenta.
Quería insistir en lo mismo. De su lectura se puede hacer distintas interpretaciones, porque todo puede ser interpretable en esta vida, pero lo que le puedo asegurar es que leyendo el texto sin ningún tipo de prejuicios se observa que en el mismo no se hace ninguna atribución nueva a ninguna autoridad que no existiera antes. Las leyes sectoriales son las que primarán para estas otras administraciones que tengan algo que decir al respecto. No se les da ninguna atribución nueva.
Y en cuanto a lo que dice usted sobre cerrar periódicos, la información, etcétera, la salvaguarda que va repitiendo en todos los momentos lo deja muy claro. Precisamente, lo que recuerda en sus preceptos es que sólo los órganos jurisdiccionales podrán adoptar y ejecutar estas decisiones. Uno es libre de interpretar lo que quiera, pero leyendo el texto no se observa ninguna atribución legal nueva a ninguna autoridad. Si las tenían ya antes debido a leyes sectoriales que las apliquen como las están aplicando en el mundo físico, pero no hay ninguna atribución nueva respecto a esto. Lo demás me parece que es sacar de lugar el contexto.
Dice usted que además ha hablado de regular y que no ha empleado el término caos. El Diario de Sesiones estará publicado dentro de unos días. El mensaje que usted ha lanzado o, al menos, lo que se ha podido interpretar por mi parte es que la palabra caos y ese mensaje sobre no regularización ha sido comentado por usted. Y en ese aspecto es en lo que yo me he pronunciado.
Por tanto, sinceramente, tengo que decirle que sigo pensando que la ley se mueve dentro de los parámetros económicos, que dentro de estos parámetros está el de proteger al usuario y que es un marco regulador para un Estado democrático de Derecho. No digo que cuando posteriormente se celebre su debate parlamentario, como procede, no sea más o menos enriquecido con las aportaciones de los distintos grupos, cosa que siempre es muy buena, pero, de entrada, verdaderamente tan apolíticamente como usted nos lo ha presentado, en nuestro Grupo no lo vemos de esa manera.
Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Delgado.
Tiene la palabra el señor Sánchez Almeida.

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Miembro de Kriptópolis)): Muchas gracias, señora Presidenta.
Contestaré primero a la señora Delgado.
En cuanto a lo que su señoría manifiesta sobre que no se da ninguna atribución nueva a ninguna autoridad, a mí me preocupa mucho el artículo 11, apartado c), concretamente, que dice que todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones en relación con los contenidos: suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio de la sociedad de la información en ejecución de resoluciones dictadas por una autoridad judicial o administrativa -insisto, administrativa-.
En la vida real, cuando hablamos de suspender la transmisión o alojamiento de datos, solamente un juez puede decir que se suspenda la distribución de un periódico. Y es así. Pero aquí se está estableciendo la posibilidad de que sea la autoridad administrativa. En cuanto a que luego me diga el apartado segundo que se respetarán los derechos a la intimidad personal y familiar y la libertad de expresión, lo que a mí me preocupa es lo que dice la norma, no lo que dice la sección. Este es el gran problema, porque )quién revisará que se cumpla la segunda parte, qué funcionario administrativo se encargará de esto? A mí lo que me preocupa es que no se establezca como norma la libertad, que es lo que se tendría que hacer. Desde mi punto de vista, en el artículo primero de cualquier legislación sobre Internet lo que se tendría que decir es que la esencia de la red es la libertad de información, que no puede haber otras limitaciones a esa libertad que las que surjan de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que solamente mediante auto judicial motivado se puede impedir la publicación de información en Internet y que el secuestro administrativo de información constituye delito.
Si ponen esto en el artículo primero seguramente empezaremos a entendernos, porque el problema es que se pone como excepción y yo quiero que la norma sea la libertad; así nos entenderemos. Luego regulemos el comercio, pero primero la libertad.
En cuanto a lo que me preguntaba el Senador Lavilla sobre qué grupos internacionales de ciberderechos se han hecho eco de la protesta, nada menos que la Campaña Global de Libertad de Internet, la asociación de ciberderechos más importante del mundo, ha lanzado una alerta sobre esta ley. Y es que salimos retratados junto a países como Vietnam, como Arabia Saudí, como Irán, que cierra cibercafés. Y sale España que quiere publicar esta Ley. Y no lo ha dicho solamente el HILK?, la Campaña Global de Libertad de Internet, lo ha dicho también la principal revista de Internet, que es Wairet?, que ha dicho cosas como que la santa inquisición resucita en España de la mano de una ley sobre Internet. Y esto es preocupante.
Y, desde luego, comparto al cien por cien los argumentos de Paloma Llaneza. Es un artículo, además, que analiza muy en profundidad el problema de la LSSI. Se ha publicado recientemente en Ciberpaís, en el número de julio, y creo que es de lectura recomendada para todos los Senadores, porque además da casos concretos en los que se pueden producir sobre todo problemas de autocensura, que es lo que más se va a repetir, porque no va a ser tanto el peligro de que un funcionario se extralimite como que los proveedores de servicios vayan censurando directamente a sus clientes.
Nada más. (La señora Delgado García pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senadora Delgado, vamos muy retrasados.

La señora DELGADO GARCÍA: Sólo un minuto.

La señora PRESIDENTA: No un minuto, veinte segundos.
La señora DELGADO GARCÍA: Veinte segundos.
Respecto a cuando el aparado c) del artículo 11 hace mención a Aautoridad administrativa@, ya lo he dicho anteriormente: son las leyes sectoriales que ya existen. Y he puesto el caso de una farmacia. Si se tiene que sancionar a una farmacia porque vende tal medicamento, a lo mejor lo hace ahora Sanidad si es que la Ley lo contempla. A eso se refiere. Pero no se dan atribuciones nuevas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Delgado.
)Quiere responder el señor Sánchez Almeida?

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Miembro de Kriptòpolis)): Creo que se va a tratar el tema con más en profundidad a continuación y, desde luego, en el trámite parlamentario, cuando en todo caso serán todos los Senadores los que tengan que hablar.
Nada más. Gracias.

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